La nueva Ley de Glaciares en Argentina y el desafío que ahora enfrentan las marcas del sector minero

La modificación de la Ley 26.639 ya es un hecho en Argentina. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el 8 de abril de 2026, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, y el cambio reabre de lleno una discusión que excede lo jurídico y lo productivo: vuelve a poner en el centro la forma en que las marcas del sector minero se posicionan, explican su actividad y construyen legitimidad social.

Hasta ahora, la Ley de Glaciares funcionaba como uno de los marcos ambientales más sensibles del país. Su espíritu original era preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, y restringía actividades capaces de afectar su condición natural, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Además, esa protección se apoyaba en un andamiaje técnico e institucional que incluía el Inventario Nacional de Glaciares, desarrollado por el IANIGLA, como base para identificar y delimitar las zonas protegidas.

La reforma aprobada cambia ese equilibrio. Según la cobertura periodística coincidente con el tratamiento legislativo, los glaciares y ambientes periglaciares dejan de tener una protección automática uniforme y pasan a ser evaluados caso por caso por las provincias, bajo el criterio de “función hídrica efectiva”. Ese punto es central porque desplaza la discusión desde una lógica de protección general hacia una lógica de interpretación y aplicación territorial, con todo lo que eso implica en términos políticos, regulatorios y reputacionales.

Por eso, desde mi mirada, el verdadero tema para las marcas mineras no es solo la modificación legal. El verdadero tema es otro: cómo se comunica una marca cuando el contexto se vuelve más sensible, más discutido y más observado por la sociedad.

En escenarios como este, muchas empresas cometen un error frecuente. Leen la novedad solamente desde la oportunidad de negocio. Entonces aparecen mensajes centrados en inversión, empleo, crecimiento, competitividad o desarrollo productivo. Y aunque esos ejes puedan ser reales, comunicados en soledad resultan insuficientes. En un tema como este, una narrativa exclusivamente celebratoria corre el riesgo de sonar parcial, defensiva o desconectada del clima social que rodea al sector. La propia discusión pública alrededor de la reforma ya mostró protestas, cuestionamientos de organizaciones ambientales, advertencias de especialistas y objeciones sobre seguridad jurídica y constitucionalidad.

Eso significa que la comunicación ya no puede funcionar solo como amplificación de logros o como blindaje reputacional. Tiene que convertirse en una herramienta de explicación, trazabilidad y responsabilidad.

En este contexto, una marca minera fuerte es y será la que mejor explique, la que puede sostener con claridad qué hace, por qué lo hace, bajo qué criterios toma decisiones, cómo mide su impacto y de qué manera se vincula con el territorio donde opera. En un entorno de alta sensibilidad ambiental, la reputación no depende únicamente de la operación. También depende de la capacidad de traducir lo técnico en algo comprensible, verificable y creíble para públicos que no hablan el lenguaje de la industria.

Ahí aparece un cambio profundo en el rol de la comunicación corporativa. Durante años, muchas marcas del sector construyeron su relato alrededor de la eficiencia, la capacidad operativa, la inversión y el aporte económico. Ese enfoque sigue siendo importante, pero hoy ya no alcanza. Porque cuando una ley como esta se modifica, la sociedad no solo quiere saber cuánto se invertirá o cuántos puestos de trabajo podrían generarse. También quiere saber cuáles serán los límites, qué controles existirán, cómo se interpretará la protección ambiental, qué evidencia técnica respaldará las decisiones y qué postura ética asume cada actor frente al uso de un recurso tan sensible como el agua.

Ese es, para mí, el punto más estratégico. La licencia social no se consolida con slogans, sino que se construye con consistencia entre relato, conducta y prueba. Y en este nuevo contexto (repito), esa consistencia debería apoyarse, como mínimo, en cuatro grandes dimensiones.

La primera es la claridad técnica. Las marcas del sector van a necesitar comunicar con más pedagogía. No alcanza con repetir conceptos regulatorios o ambientales sin desarrollo. Habrá que explicar qué significan en la práctica expresiones como ambiente periglacial, evaluación por función hídrica, monitoreo, mitigación o control, y hacerlo en un lenguaje que pueda ser comprendido más allá del ecosistema minero.

La segunda es la transparencia. Cuanto más sensible es el contexto, menos margen hay para la ambigüedad. Las marcas que mejor van a posicionarse no serán necesariamente las que prometan más, sino las que logren mostrar con más claridad sus criterios, procesos, alianzas técnicas, sistemas de medición y compromisos verificables.

La tercera es la relación con el territorio. Una marca minera no habita solamente un mercado. Habita una comunidad, una provincia, una conversación pública y una sensibilidad concreta respecto del agua, del ambiente y del desarrollo. Ignorar ese plano ya no es una omisión menor, es un error estratégico. El territorio no es un telón de fondo. Es parte constitutiva de la marca.

La cuarta es la coherencia reputacional. Si una empresa quiere hablar de sostenibilidad, cuidado ambiental o compromiso comunitario, ahora deberá demostrar que esa narrativa no era decorativa, porque la reforma funciona como una prueba de consistencia: expone cuáles marcas tenían un discurso de responsabilidad integrado a su cultura y cuáles lo usaban solamente como capa comunicacional.

En ese sentido, esta coyuntura también abre una oportunidad. No para comunicar desde el triunfalismo, sino para elevar el nivel de madurez del sector. Las marcas que entiendan este momento como una invitación a mejorar su conversación pública pueden salir fortalecidas. No porque el debate desaparezca, sino porque el modo en que se paren frente a él puede marcar una diferencia real.

La comunicación minera en Argentina necesita evolucionar. Necesita pasar del mensaje institucional rígido a una comunicación más estratégica, más contextual y más humana. Necesita dejar de hablar solo hacia adentro del sector y empezar a construir puentes con públicos más amplios. Y necesita asumir que, en temas como este, comunicar ya no es solo contar lo que una empresa hace. Es también mostrar cómo piensa, cómo decide y qué valores la ordenan cuando el escenario se vuelve complejo.

La modificación de la Ley de Glaciares no solo cambia un marco normativo. También cambia el estándar comunicacional que hoy se espera de las marcas que operan en el sector minero. Y en ese nuevo escenario, la pregunta más importante ya no es únicamente qué habilita la ley. La pregunta más importante es qué tipo de marca decide ser cada empresa frente a una conversación que involucra desarrollo, ambiente, agua, confianza y futuro.